La designación de jueces por decreto es un tema que genera debate en Argentina. Analizando la legalidad de esta práctica, se observa que tiene antecedentes tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la historia argentina. Desde Hamilton hasta Eisenhower, y desde Juárez Celman hasta Macri, el uso de decretos para nombrar jueces ha sido una herramienta utilizada por diversos líderes. La jurisprudencia y fallos históricos respaldan su legalidad, destacando casos como el fallo Lastra de 1946 y Montero de 1958.
