La presidencia de Trump ha reabierto un viejo debate sobre los límites del poder ejecutivo. Mientras su administración trata de recortar agencias como USAID y el Departamento de Educación, los tribunales y el Congreso ponen trabas. La cuestión de fondo es si el presidente puede realmente gestionar el gobierno como considere o si las restricciones impuestas a lo largo de los años son constitucionales. Un pulso legal que podría tardar años en resolverse.
